Un decreto de 1957 permite a la abadía recibir del Estado 340.000 euros al año sin control
La tumba de Franco y de José Antonio Primo de Rivera permanecen inalterables al paso del tiempo. Al cuidado de un grupo de monjes benedictinos, tal y como lo dejó escrito en el BOE el general golpista el 23 de agosto de 1957: "Un magno monumento destinado a perpetuar la memoria de los Caídos en la Cruzada de Liberación para honra de quienes dieron su vida por Dios".
Ese decreto-ley rige todavía hoy la actividad del mausoleo y permite, entre otras actividades, que los monjes, todavía afines al franquismo, reciban del erario 340.000 euros para mantener una escolanía, gestionar una hospedería, alquilar salas del recinto para sectas ultracatólicas o acoger campamentos de verano. Además, gozan de total autonomía para sus negocios bajo el paraguas económico de Patrimonio Nacional, que paga el mantenimiento de las colosales instalaciones, su seguridad o el acondicionamiento de los accesos, pero no obliga a la abadía a rendir cuenta alguna sobre sus actividades.
Los monjes benedictinos no rinden cuentas a Patrimonio
Pese a la amplia independencia de la que gozan los monjes, las asociaciones neofranquistas pusieron el grito en el cielo cuando el Gobierno se plantó el pasado abril y ordenó el cierre de las instalaciones para la seguridad de los turistas después de que se produjeran varios desprendimientos de las esculturas del recinto. Desde entonces, la basílica sólo está abierta al culto y la Asociación de Defensa del Valle de los Caídos ha recurrido a la Justicia el cierre.
La Hermandad de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, agitada por el abad Anselmo Álvarez, tilda al Gobierno de actuar como "los talibanes o como los antiguos faraones que, en su insana soberbia, nada más llegar al poder, ordenaban picar o destruir toda referencia a lo anterior". Sin embargo, en los planes del Ejecutivo no se vislumbra ningún cambio de los poderes que el decreto de 1957 otorga a los curas. Fuentes del Gobierno aseguran que en los planes de actuación para el recinto no aparece la posibilidad de aprobar otro real decreto que invalide el franquista en vigor.
Lo que sí forma parte de los planes del Ejecutivo es la remodelación de los colosales conjuntos escultóricos de Juan de Ávalos . El cierre de las instalaciones impide a Patrimonio Nacional ingresar cerca de un millón de euros anuales. En el último ejercició, la venta de entradas y la concesión de la tienda de recuerdos dejó en las arcas de Patrimonio 915.873 euros, según los datos de Presidencia del Gobierno.
Reuniones de los kikos'
Las mismas fuentes desconocen lo que ingresa la abadía por alquilar a partir del próximo 15 de septiembre las instalaciones de la hospedería a los fieles del integrista Camino neocatecumenal, más conocidos como los kikos, por el nombre de su fundador Kiko Argüello. Tampoco explica el abad lo que ha ingresado por el campamento de verano que el colegio privado St. Michaels School ha anunciado en prensa estos meses como "el mejor lugar del mundo".
La remodelación del funicular, ahora cerrado, costó 2,3 millones en 2004
"Patrimonio Nacional es competente para la conservación, mantenimiento y seguridad del recinto", explica la disposición tercera de la ley 23/1982, reguladora de la entidad. Nada más forma parte de sus competencias. En 1984, el Gobierno de Felipe González trató sin éxito de rediseñar la gestión del recinto con una comisión. El intento fue en vano, como lo volvió a ser en 2007 cuando la Ley de la Memoria Histórica tampoco pudo menguar el poder de la abadía. Esta vez fue el grupo de CiU, presionado por los benedictinos de Montserrat, el que imposibilitó el cambio de estatus.
Desde 1957, la costosa obra excavada a la roca del Risco de la Nava con la ayuda de presos políticos no ha parado de sangrar a las arcas públicas. La última factura se emitió en 2004, durante el Gobierno de José María Aznar. Un concurso público por valor de 2.345.513 euros remodeló el funicular inaugurado en 1975 para llegar a la base de la enorme cruz. Esa instalación permanece ahora cerrada para evitar que algún desprendimiento de los evangelistas rompa la crisma a un turista.
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